La Iglesia española sigue siendo una excepción en el mundo católico occidental a la hora de afrontar el escándalo de los abusos de menores. Mientras en Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda o Alemania se han emprendido investigaciones generales y exhaustivas del pasado, y han salido a la luz miles de víctimas, en España la pasividad y el silencio parecen ser la norma. La Conferencia Episcopal (CEE) se ha negado a hacer una investigación del pasado y después de que las diócesis abrieran, por orden del Papa, unas oficinas de atención a las víctimas, tampoco ha querido dar información. Solo dijo hace tres meses que las denuncias recibidas eran “cero o muy pocas”. Ante la falta de datos y respuestas, EL PAÍS ha preguntado a las 70 diócesis españolas sobre los casos de abusos de los que tienen constancia, un año después de la apertura de esas oficinas. El resultado, que se puede consultar en el gráfico situado más abajo, supone un primer y tímido avance en la ruptura del silencio: al menos 37 han contestado y 33 de ellas han aceptado informar del número de denuncias que han recibido, aunque la mayoría no contabilizan ninguna. Pero la novedad es que ya hay 13 obispados que admiten 45 casos, entre las denuncias nuevas y las del pasado, 20 de ellas desconocidas hasta ahora por no haber trascendido en los medios.
