La conocida como ley Ingrid ha sido aprobada esta semana en el Congreso de Ciudad de México para penalizar con dos a seis años de cárcel o multar a quienes difundan por cualquier vía imágenes de las víctimas mortales, especialmente de feminicidios, o comercialicen con esos documentos, una práctica extendida en México entre los funcionarios públicos. La modificación del código penal se conoce popularmente con el nombre de Ingrid Escamilla. El asesinato de esta mujer, en febrero de 2020, conmocionó al país cuando los restos de su cadáver descuartizado salieron en redes sociales y en algunos periódicos. Hubo encendidas protestas feministas frente a las puertas de aquellos rotativos y la Fiscalía presentó esta iniciativa para su legislación. Un año después, México tiene otra norma, pero el caso de Escamilla, por el que se investigó a seis agentes tras la filtración de las imágenes, sigue hoy sin resolución conocida. La Fiscalía guarda silencio.
