El silencio ha sido la respuesta que el Gobierno de Daniel Ortega ha dado a las solicitudes presentadas por Naciones Unidas para conocer la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El organismo publica esta semana un nuevo informe sobre Nicaragua, en el que vuelve a suspender al régimen sandinista. Detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, violación a la libertad de expresión, al derecho de reunión, ataques a periodistas, amenazas. La lista de vejaciones crece y el temor de la ONU es que se incremente en un año electoral, cuando está previsto que los nicaragüenses elijan a un nuevo presidente sin que Ortega muestre la mínima señal de querer apearse del poder. Aunque las recomendaciones de la ONU parecen caer en un saco roto, Alberto Brunori, representante regional para Centroamérica y el Caribe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), afirma en esta entrevista que no pierde la esperanza de que Ortega reconsidere aceptar el apoyo que le han ofrecido para superar la crisis que desde 2018 ha convertido a Nicaragua en uno de los mayores dolores de cabeza del organismo.
