Los abogados de Donald Trump lanzaron un órdago legal. Un presidente de Estados Unidos, sostienen, debe ser inmune a la persecución penal por los actos que desarrolle mientras ocupa el cargo, incluso si ordena a un comando de las fuerzas especiales asesinar a sus rivales políticos. Solo el Congreso puede juzgarle, pero no los tribunales, ni siquiera al cesar en el cargo. Este jueves, el Tribunal Supremo debate el alcance de la inmunidad presidencial en una vista de enorme calado para el futuro judicial (y quizá electoral) de Trump.
