¿En qué provincia se celebra la romería del Rocío? ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias? ¿Cuál es el pico más alto del país? ¿De cuántos miembros se compone el Congreso de los Diputados? A lo largo de los últimos meses he estado haciendo preguntas como las anteriores, a menudo sin que vinieran a cuento. A varios amigos, en bares. A un taxista especialmente interesado en asuntos gubernamentales, durante un atasco. A mi esposa, en el almuerzo. A varios amigos escritores y a uno que trabaja en una universidad extranjera. Naturalmente, ninguno de ellos tenía mucho interés en mis preguntas, y sólo un puñado pudo responderlas. Pero yo tampoco podría haberlas respondido hasta hace algunos meses, cuando comencé a estudiar para realizar la Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), el examen que el Ministerio de Justicia español introdujo en septiembre de 2016 como requisito para la concesión de la nacionalidad española por residencia: durante años creí que viajar de Madrid a Barcelona era “bajar” a la Ciudad Condal (estaba absolutamente convencido de que el mar Mediterráneo se encontraba al sur de la Península); en varias oportunidades me descubrí diciéndome a mí mismo que el río que tenía frente a mí era el Ebro sólo para descubrir después que eran el Tormes, el Miño o el Tajo, y en una ocasión atribuí públicamente a Santander la capitalidad de Castilla y León, cosa que pudo y tal vez debió haberme costado la expulsión del país, o (al menos) la de esa ciudad cántabra. Una tarde de octubre del año pasado, sin embargo, me vi frente a un examen en el que debía demostrar que sabía esas cosas y otras de igual importancia, no importaba qué relevancia yo les diera.
