Más de una veintena de asociaciones de archiveros y bibliotecarios de toda España —incluida la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid)— han presentado alegaciones a la Ley de Información Clasificada, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, todavía vigente, en las que piden, entre otros cambios, que no se pueda clasificar información sobre vulneraciones de los derechos humanos para ocultarlas al conocimiento público y que se sancione a quien lo haga.
