Manuela llegó a un hospital de El Salvador casi arrastrándose por el suelo y salió de allí esposada y directo a una cárcel. Tenía 31 años y suplicaba atención médica tras haber ido al baño de su casa -en realidad era una letrina a unos metros de su vivienda- y se desmayó. Había tenido una emergencia obstétrica y fue condenada a 30 años de prisión bajo del delito de homicidio agravado. Fue encarcelada en 2008 y dos años más tarde, en 2010, murió de cáncer. Su caso es estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este miércoles y jueves escuchará a su familia y al Estado salvadoreño. La Corte IDH tendrá por primera vez la oportunidad de reconocer que negar y penalizar los servicios básicos de salud son actos de discriminación y violencia contra las mujeres que presentan problemas durante el embarazo. El pronunciamiento del organismo servirá de brújula para todos los países que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos.
