Si se arroja a una rana viva en una olla con agua hirviendo, saltará hacia afuera de inmediato. Si se la pone en agua tibia y se calienta el agua despacio, no percibirá el peligro y terminará muerta. La analogía se usa para describir daños que se producen en cámara lenta. Cuando finalmente quedan en evidencia, las reacciones para evitarlos resultan inútiles. Se sabe que el presidente argentino Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se refieren a la represión ejercida por la dictadura como “una guerra” y no como terrorismo de Estado, y que niegan la cifra de 30.000 desaparecidos. Se sabe que esa postura recibe el repudio de organismos de derechos humanos y buena parte de la sociedad, que llenó la Plaza de Mayo el 24 de marzo para conmemorar el golpe de Estado de 1976. Se sabe bastante menos que tres días después, el 27 de marzo, Luis Petri, ministro de Defensa, ordenó desmantelar ―despidió a 10 de sus 13 empleados― el Equipo de Relevamiento y Análisis documental (ERyA) que desde 2010 trabaja sobre archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas. Su tarea consistía en analizar, a pedido de la justicia, documentos producidos durante la dictadura: informes, registros de operaciones. Hace años Maco Somigliana, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, dijo: “Mientras el Estado llevaba adelante una campaña de represión clandestina, seguía registrando cosas con su aparato burocrático. Es como una rueda grande y una rueda pequeña. Vos podés conocer lo que pasa en la primera por lo que pasa en la segunda”. Los documentos que el ERyA relevó fueron pruebas valiosas en causas por delitos de lesa humanidad. Hernán López, uno de los historiadores despedidos, dijo: “Nos echaron no por no hacer, sino por lo que hicimos”. Petri aseguró que se trataba de “un grupo parajudicial”. La noticia no tuvo mucha repercusión. La llama aporta su calor al agua en la que nada, ya muy inquieta, la rana.
