El Gobierno estadounidense prevé otorgar la nacionalidad a 11 millones de inmigrantes irregulares llegados antes del pasado 1 de enero. Este proyecto, en trámite complicado, debería ser, en todo caso, ejemplar para la Unión Europea. Cierto que no se puede comparar la situación de EE UU, que es una nación, con la UE, que aglutina de modo muy imperfecto 27 países con culturas e idiomas diferentes. No existen en su seno reglas comunes sobre la nacionalidad ni tampoco una sólida jurisprudencia que pueda servir de referencia para proteger e integrar a los trabajadores extranjeros asentados en Europa.
