La Siria de hace una década no existe ni en los mapas. Dos regiones que ya no son sirias, los Altos del Golán (desde 1967) y el norte del valle del Éufrates (a partir de 2016), son escenario de contiendas que discurren en paralelo a la guerra civil en el país árabe, alentada por potencias globales y regionales. En torno a la primera se enfrentan Israel, que ocupó la meseta suroccidental siria antes de anexionársela en 1980, para impedir que Irán y sus milicias satélites chiíes, aliados estratégicos del régimen de Damasco en el conflicto, se afianzaran en su patio trasero. En la segunda las tropas ocupantes de suelo sirio son las de Ankara, que teme la creación de un cinturón kurdo en el límite fronterizo, asociado a su propia insurgencia kurda en el sureste de Anatolia. Son guerras con vida propia, aunque se hayan entrelazado en la conflagración de Siria, entre bandos que sienten la amenaza existencial de enemigos irreconciliables.
Culpables de una tragedia sin excepción en todos los frentes
Nadie se libra en la guerra siria de ser señalado por el dedo acusador de Amnistía Internacional (AI). Ni las fuerzas del régimen de Damasco, que han arrojado barriles bomba durante una década contra sus ciudadanos, ni las milicias de la oposición, que también han torturado y maltratado a civiles. Ni el despiadado Estado Islámico derrotado hace dos años en el campo de batalla del Éufrates ni los yihadistas de Hayat Tahir al Sham aún atrincherados en su bastión de Idlib. Ni los soldados turcos ocupantes en el noroeste junto a milicianos locales, ni las Unidades de Protección del Pueblo kurdas que dominan el noreste con apoyo de Estados Unidos. Tampoco la aviación norteamericana, que arrasó Raqa, capital del ISIS; ni la rusa, que sembró de explosiones y metralla medio país.
Las prohibidas bombas de racimo y armas químicas han matado y herido a decenas de miles de civiles y destruido instalaciones esenciales como hospitales y escuelas. Por ello Amnistía Internacional responsabiliza en primer lugar al régimen del presidente Bachar el Asad de los crímenes de guerra y contra la humanidad investigados por una comisión de juristas creada por la Asamblea General de la ONU en 2016. La apertura de procesos al amparo del principio de justicia universal en países como Alemania, que ha condenado recientemente a un exagente de inteligencia sirio por detención ilegal y torturas, ofrecen un primer destello de esperanza sobre una rendición de cuentas de los culpables.
“Los miembros (permanentes) del Consejo de Seguridad tienen el deber de ayudar al pueblo de Siria, pero le han abandonado. Diez años después del inicio de la guerra, quienes perpetraron horribles crímenes contra la humanidad siguen infligiendo un inmenso sufrimiento a la población civil mientras se evaden de la acción de la justicia”, advierte Lynn Maalouf, directora adjunta para Oriente Próximo de la organización humanitaria. En un comunicado difundido este viernes reclama el fin de los vetos cruzados en el órgano de Naciones Unidas a fin de encausar a los autores de las atrocidades.
Rusia y China han ejercido el veto al menos en 15 ocasiones durante la última década en la guerra mundial a escala reducida que se libra en el país árabe. “Los Estados [involucrados en el conflicto] han puesto sus intereses por encima de las vidas de millones de niños, mujeres y hombres al permitir que la historia de terror de Siria sea interminable. Sin justicia, el sangriento ciclo proseguirá”, recalca Maaluf en nombre de AI.
El régimen sirio restringe el paso a la ayuda humanitaria internacional y mantiene las detenciones arbitrarias y malos tratos, pero las milicias insurgentes cometen también torturas y secuestros en su reducto noroccidental de Idlib. A lo largo de los diez últimos años, todas las partes en conflicto han causado miles de muertes injustificadas, provocado un masivo desplazamiento interno de población y forzado el exilio de cinco millones de civiles. Ahora más que nunca, sostiene Amnistía Internacional, la justicia es más importante que nunca en Siria.