El tribunal de paz de Colombia ha pisado el acelerador en el arranque del nuevo año. En sendas decisiones que sacudieron al país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional encargado de juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado, imputó en enero por varios delitos relacionados con el secuestro a la cúpula de las extintas FARC, y en febrero elevó a más de 6.400 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares para presentarlas como guerrilleros muertos en combate, los llamados ‘falsos positivos’.
