El domingo 7 de marzo y el lunes 8 de marzo no habrá manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en Madrid. La Delegación del Gobierno en la Comunidad las ha prohibido por “motivos de salud pública”. Su cálculo es que podían haberse congregado hasta 60.000 manifestantes en las calles y la decisión ha sido tomada sobre la base de la incidencia acumulada de la región —253 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días—, que es, con Ceuta y Melilla, uno de los tres únicos territorios que se mantienen por encima de lo que el Ministerio de Sanidad marca como riesgo extremo, 250. ¿Es contradictoria esta decisión con la actividad que mantienen el resto de ámbitos en la comunidad? ¿Cuánto riesgo hay en una concentración al aire libre? ¿Qué dice la ciencia?
El tinte político
Los expertos coinciden en que la manifestación del 8-M tiene un tinte político que no se puede obviar. Mientras que la ministra de Sanidad Carolina Darias ya dijo la pasada semana que por las circunstancias epidemiológicas “no ha lugar” la marcha, la ministra de Igualdad Irene Montero alegó este jueves una “criminalización” del movimiento feminista. En la Comunidad, ha sido la Delegación del Gobierno quien ha prohibido la concentración; su responsable, José Manuel Franco, arguyó que había convocadas 104 manifestaciones y explicó que la decisión responde a informes de la policía y organizaciones médicas. La pasada semana, el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero, en esa misma línea, afirmó estar de acuerdo con Darias: “La situación de la Comunidad no está para manifestaciones. Cualquier manifestación, venga de donde venga y sea cual sea, creemos que no es el momento”.
El epidemiólogo Pedro Gullón cree que a esto lo cubre una mezcla de “política y machismo” y asegura “no entender por qué en Madrid y no en otros lugares donde también puede ser masiva, como Cataluña”: “En las últimas semanas la velocidad del descenso se ha ralentizado y en algunos países de nuestro entorno ha comenzado a subir, no sería raro un cambio de tendencia y que se culpara de la cuarta ola, como ya se hace antes de que ocurra, a movimiento feminista, como ya se culpó al 8-M del pasado año de la primera”. Para él, “el balance que hay que hacer es con otros derechos, si son actividades más o menos esenciales, y reclamar derechos fundamentales sí es un derecho básico”.
Para Fernando García, “el asunto está muy cargado políticamente y es difícil sacar cosas en claro”. La manifestación, dice, “no deja de ser un derecho fundamental y si el riesgo se puede minimizar, la prohibición es desproporcionada”. Rafael Ortí recuerda cómo el pasado 8 de marzo “la injerencia política sobre la toma de medidas sanitarias se vio por primera vez”; cree que el peligro no se evaluó bien entonces y que eso “tuvo su repercusión en el aumento de infecciones”, en mayor o menor grado. “Los políticos están empezando a dejarse asesorar por los técnicos, y quienes saben son conscientes de que esto va a conllevar un aumento de casos”, dice Ortí, que opina que “es peligroso autorizar un evento de este tipo en el momento en el que nos encontramos”.