La organización Human Rights Watch (HRW) presentó hace dos semanas un informe sobre la violencia incesante que sufren los defensores de los derechos humanos en Colombia. Las cifras, además de dramáticas, son demoledoras para la estrategia adoptada por las autoridades. Naciones Unidas contabiliza más de 420 asesinatos desde 2016. Las víctimas son a menudo representantes indígenas, de comunidades afrocolombianas o líderes de organizaciones de base cuyo trabajo es fundamental en muchas zonas rurales donde las instituciones aún no han logrado imponerse a pesar de la desmovilización de las FARC. Tras la firma de los acuerdos de paz, a finales de ese año, algunos territorios pasaron a ser controlados por grupos armados, entre ellos disidentes de la organización insurgente, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales.
