El Ministerio del Interior ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que certifica que se cometieron graves irregularidades en el uso de los fondos reservados con el único objetivo de financiar, en 2013, la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. El documento, clasificado como “secreto” y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que tanto los pagos a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas que facilitaba información a la trama e imputado en la causa, como la adquisición de una pistola y un ordenador, nunca se anotaron en las partidas de gastos correspondientes.
En busca de mensajes borrados
La Unidad de Asuntos Interior (UAI) ha pedido al juez Manuel García-Castellón autorización para que expertos de la Policía analicen el teléfono que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz entregó en el juzgado para comprobar la posible existencia de “datos e información [sobre la Operación Kitchen] que pudiera haber sido borrada previamente a su entrega en sede judicial”, según se recoge en un oficio al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La petición de la policía se hace después de que el juzgado solicitara a los agentes un informe “sobre las diligencias que puedan ser objeto de interés” realizar sobre el terminal antes de la devolución del mismo a Fernández Díaz. El exministro ya ha mostrado su oposición a cualquier nuevo análisis de su teléfono. Ha alegado que la terminal “puede contener información muy sensible” por su antiguo cargo. En concreto, la Policía ha planteado que la terminal sea remitida a sus agentes destinados en el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas, Sitel), que permite intervenir bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de investigados. Los agentes recalcan que toda la información que se extraiga del móvil de Fernández Díaz sería posteriormente analizada por los responsables de la investigación siguiendo las indicaciones del juez “atendidas las especiales funciones desempeñadas por su usuario”. La policía recalca que solo se incorporaría a la causa “aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objetos de investigación”.
El magistrado solicitó a Fernández Díaz que entregase su móvil el pasado 13 de noviembre, tras terminar el tenso careo judicial que había mantenido con su antiguo ‘número dos’ en el ministerio, Francisco Martínez, y en la que el exministro negó ser el autor de los mensajes enviados al móvil de su excolaborador en los que se recogían detalles e instrucciones sobre el operativo de espionaje a Bárcenas. El juez consideró entonces que examinar el contenido del teléfono móvil era “esencial” para confirmar si Fernández Díaz había remitido esos mensajes y, por tanto, estaba al tanto de la Operación Kitchen. El ministro entregó la terminal más de dos meses después, el pasado 22 de enero.