Ocho altos mandos de Estados Unidos tomaron el escenario de forma repentina. Estaban la directora de la Agencia del Control de Drogas (DEA), jefes del FBI, autoridades migratorias y el fiscal general de la Administración de Joe Biden, entre otros. En cuestión de minutos, se iba a anunciar la mayor ofensiva judicial contra el cartel de Sinaloa de los últimos años. Tras la condena a cadena perpetua contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, las autoridades tenían en la mira a los herederos de su imperio criminal. Cuatro hijos del capo —Alfredo, Iván Archivaldo, Joaquín y Ovidio Guzmán— y 24 colaboradores fueron acusados de una extensa batería de cargos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación ilegal de armas y lavado de dinero. En el camino se les señalaba como parte de una red de asesinatos, torturas y crimen trasnacional que daba la vuelta al mundo.
