El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el aviso más importante de que el proyecto que estaba entonces en marcha en España podía estropearse, pero la joven democracia logró detenerlo y demostró que había llegado para quedarse. A pesar de sus fragilidades, y en un contexto de severa crisis —el partido que gobernaba estaba descomponiéndose, la situación económica era mala, el terrorismo golpeaba con saña, la sociedad estaba desencantada—, las instituciones aguantaron la asonada y el jefe de Estado, cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo estaban secuestrados en el Congreso por los guardias civiles de Tejero, actuó con decisión y sus iniciativas sirvieron para frenar la acometida. El rey Juan Carlos supo transmitir con determinación a la cúpula militar que su deber era defender la Constitución, favoreció la coordinación de distintos equipos que se organizaron de inmediato para conjurar la rebelión y se dirigió por televisión a los españoles para dejar claro que la democracia no iba a ser derrotada. Y no fue derrotada.
